¿Valdría la pena eliminar el INAI?

En días pasados el presidente esgrimió la idea de eliminar esta institución bajo el argumento de duplicidad de funciones, sugiriendo que la Secretaría de la Función Pública (SFP) podría hacerse cargo de las responsabilidades conferidas al INAI. Además, comentó que la creación de organismos autónomos como éste obedecía a la simulación de rendición de cuentas por parte de los gobiernos anteriores.

Dicha propuesta resulta atractiva cuando se conoce que este año el INAI recibirá poco más de 900 mil millones de pesos para operar. Con ese dinero se podría becar durante un año a 115,000 estudiantes de educación media superior con la Beca Benito Juárez u otorgar durante el mismo periodo una pensión a 60 mil adultos mayores. Desde esta perspectiva es preferible priorizar los apoyos sociales que financiar la operación de una institución “fachada”.

Sin embargo, lo que ese punto de vista no nos dice es lo que las y los mexicanos dejaríamos de recibir si se tomara esa decisión. El INAI es un organismo autónomo, es decir, que se rige bajo sus propias normas y no está subordinado al Presidente (mientras que la SFP sí lo está); esta característica nos garantiza que, de existir sospecha de malos manejos de recursos públicos invertidos, por ejemplo, en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a pesar de que no sea conveniente para el Gobierno se transparentaría cómo, cuánto, cuándo y a quiénes se está destinando la inversión. 

La aseveración que clasifica a los organismos autónomos como instituciones simuladoras no solamente es falsa, sino peligrosa. Gracias a la existencia y buen funcionamiento del Instituto se realizaron diversas investigaciones que dieron luz a esquemas de corrupción (Estafa Maestra y Odebrecht) en los gobiernos pasados que las crearon e impulsaron. Gestar la idea de que la información transparentada es falsa o simulada debilita su legitimidad entre la sociedad y genera dudas e incertidumbre sobre el funcionamiento de la sociedad mexicana.

Dado el lamentable caso de la eliminación del INAI, ¿a quién le correspondería garantizar que toda ciudadana y ciudadano mexicanos reciban la información que solicitan? Al mismo Gobierno que genera la información, siendo juez y parte del proceso de rendición de cuentas. En pocas palabras, el dilema es: confiar en una institución independiente del Gobierno, especializada en temas de transparencia y que nos muestra todos sus procesos, o confiar en que el Gobierno sea honesto y entregue toda la información aun cuando ésta no le favorezca para su imagen. Personalmente considero que es mejor opción una institución autónoma a un Gobierno que frecuentemente señala contar con “otros datos”.

Ciertamente es más fácil palpar los beneficios de un apoyo económico derivado de un programa social que las ventajas de contar con un entramado institucional que garantiza el derecho de acceso a la información. No obstante, en el largo plazo si no se cuida el segundo, se pierde el primero.

El desarrollo y la consolidación de las instituciones que dan firmeza a la sociedad mexicana aún tiene camino por recorrer. No obstante, la alternativa progresista es la evaluación constante y el fortalecimiento de dichas instituciones de forma que no quede duda de su actuar y contribuciones a la sociedad. Es preferible contar con una lámpara que poco a poco se convierta en una herramienta que brinde mucha luz en medio de un cuarto en completa oscuridad a solamente contar con una vela cuya llama puede extinguirse en cualquier momento que quien la sostiene lo decida.