Cienfuegos y “el pacto”

Fernando Gutiérrez 23 de octubre de 2020

La detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, realizada por autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica, ocurre en medio de la detención de otros funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto, y el cabildeo legislativo y mediático para impulsar la consulta popular propuesta por Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a expresidentes; no obstante, el inicio del proceso judicial en contra de Cienfuegos en los Estados Unidos no está relacionado con  ninguna acción o decisión por parte del actual Gobierno de México ,y más bien, es un evento que se enmarca en un hilo narrativo más grande, cuyo comienzo se remonta poco más de tres décadas atrás y lejos de nuestro país.

El trabajo de diversos periodistas, analistas e investigadores académicos, revelan en conjunto que la CIA (Agencia Central de Investigación) norteamericana permitió desde los años 80 el tráfico de narcóticos procedentes de Colombia, y luego México, a cambio de financiamiento para diversas labores de inteligencia y combate de las guerrillas comunistas en Latinoamérica; con lo cual comenzó un nuevo periodo de entendimiento de las autoridades estadounidenses con los cárteles del narcotráfico, una suerte de “pacto” que permitía el tráfico de narcóticos a los Estados Unidos y el resto de países de manera indirecta; y ellos a cambio recibirían financiamiento, pero también información que les condujera eventualmente a la captura de narcotraficantes, funcionarios propios y de gobiernos ajenos relacionados con el narcotráfico, o el decomiso de narcóticos, que les permitiría justificar el gasto público en el aparato de seguridad de los Estados Unidos y luego de los países que secundaron su “guerra contra el narcotráfico”.

A finales de los años ochenta, los cárteles de narcotraficantes mexicanos, que servían como mediadores de su contraparte colombiana para el tráfico de narcóticos hacía los Estados Unidos, adquieren un papel protagónico que se consolida con la producción de drogas psicoactivas que no requerían de la cocaína colombiana, como la metanfetamina, en sus diversas formas, y las drogas de diseño; circunstancias que provocan que el mencionado “pacto” se centre en los cárteles mexicanos, teniendo al Estado mexicano como mediador de las autoridades norteamericanas, representadas ya no por la CIA, cuya participación quedó al descubierto en el juicio contra algunos de los funcionarios responsables –conocido como el caso Irán-Contra-, sino ahora por la DEA (Administración para el control de drogas).

Las nuevas circunstancias provocaron de una participación más activa del Estado mexicano en este “pacto” no escrito, a partir de la operación de diversos actores políticos y funcionarios de las últimas cuatro administraciones federales de México; varios de los cuales han sido detenidos y juzgados por supuestos vínculos con en el narcotráfico, y quienes si bien se han relacionado con los cárteles del narcotráfico mexicano, su detención no ha modificado las condiciones del citado “pacto”, el cual ha favorecido las operaciones por las cuales han sido juzgados, convirtiéndolos en meros “chivos expiatorios” que ocultan cualquier evidencia o vía para proceder judicialmente contra los autores intelectuales, se trate de personas u organizaciones públicas y privadas.

Esta “cacería de brujas” en las corporaciones de seguridad y militares mexicanas, se ha caracterizado por la detención de diversos mandos que ha escaldo con el paso del tiempo, en términos de la jerarquía de los detenidos en la estructura de las instituciones públicas a las que estuvieron adscritos.

En el marco de esta “Cacería de brujas” en escalda, acontecieron las detenciones del General Jesús Gutiérrez Rebollo, primer militar de alto rango acusado y sentenciado de operar con el narcotráfico en 1997; de Samuel González Ruiz, extitular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; del General Manuel Acosta Chaparro, juzgado por causas diferentes al narcotráfico, pero luego liberado y asesinado a causa de su supuesta relación con el narcotráfico en el año 2012; mismo año en que el General Tomás Ángeles Dauahare fue sometido a proceso igualmente por presuntos vínculos con el narcotráfico, de los cuales fue a la postre exonerado; el caso más reciente, anterior al de Salvador Cienfuegos, fue el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, actualmente sometido a proceso judicial en los Estados Unidos de Norteamérica por presuntos nexos con el narcotráfico; así como tanto otros más funcionarios y militares de nivel o rango menor que fueron sometidos de manera paralela a procesos judiciales por delitos relacionados con el tráfico de drogas, mismos que evidenciaron todo tipo de colusiones entre ellos, sus superiores y miembros del narcotráfico.

El caso de la detención y proceso del General Salvador Cienfuegos, es el último caso en esta escalada de detenciones y constituye una suerte de “cereza en el pastel” para las autoridades norteamericanas que participan de este “pacto” con los cárteles del narcotráfico y el Estado mexicano, pues se trata del militar y exfuncionario de mayor nivel detenido alguna vez por su supuesta relación con estos cárteles que operan en nuestro país; lo que representa ante propios y extraños un símbolo de la eficacia de las corporaciones de seguridad norteamericanas y envía el mensaje de que son las autoridades y funcionarios corruptos de países extranjeros los culpables del tráfico de drogas ilegales a suelo estadounidense.

El proceso judicial contra Salvador Cienfuegos, aunque contra un exsecretario de Defensa de la administración de Enrique Peña Nieto, es un golpe directo al actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno aparece ante la opinión pública mexicana y extranjera como ineficaz para juzgar a exfuncionarios y, por ende, cualquier persona implicada en el tráfico de drogas de México al extranjero.

Dicen los que saben que este movimiento de las autoridades norteamericanas es consecuencia de que el actual Gobierno de México no ha actuado –más por ineficacia que por integridad- conforme a las directrices de la DEA norteamericana, la mano que teje el “pacto” de los Estados Unidos de Norteamérica con los cárteles del narcotráfico mexicanos.

Fernando Gutiérrez
Autor: Fernando Gutiérrez
Psicólogo y Consultor Junior. Apasionado de la escritura y la política. Científico y columnista en mis momentos de lucidez....
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