BITÁCORA REPORTERIL.- No es cuestión de magia

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Bajar la pobreza, disminuir la inseguridad, generar más empleo –y de mejor calidad–, aumentar, en sí, los niveles de bienestar de toda la población; esas son algunas de las promesas que hacen los políticos durante la campaña. Y es que es muy fácil identificar el qué –educación, salud, seguridad, empleo—lo difícil, donde fallan, es en el cómo: en planear cómo lograrán alcanzar esos objetivos, metas, una vez que ya son gobierno o tienen una responsabilidad como institución pública.

No es cuestión de magia. Cuando uno quiere bajar de peso necesita más que buenos deseos: requiere disciplina, un adecuado régimen alimenticio, hacer ejercicio por lo menos una hora y someterse a una evaluación periódica con un nutriólogo. Sólo así se garantiza que realmente se bajará de peso.

Pues para la cuestión pública es muy parecido. Tan es así que tenemos todo un entramado de leyes, como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la ley de Disciplina Financiera, que exigen la implementación de mecanismos que garanticen una mejor acción de gobierno. El problema, como siempre, es que los primeros obligados en respetar la ley son los que, paradójicamente, la violan.

El caso más escandaloso es el gobierno federal: el presidente Andrés Manuel López Obrador violó la constitución y la ley de planeación al escribir, como si tratase sólo de un manifiesto político, el Plan Nacional de Desarrollo, documento de donde se dice el “cómo” de la administración pública federal.

En teoría, el PND es un documento riguroso, metodológicamente hablando, producto de foros de consulta ciudadana y de mesas sectoriales con especialistas, por lo que requiere una estructura bien diseñada, pues de ahí se desprende las acciones de gobierno. Si no hay claridad en el PND, tampoco habrá contundencia y eficacia en las acciones del gobierno. Es simple relación de causa y efecto.

Faltando escasas horas para que se venciese el plazo de entrega del PND a la cámara de diputados, el presidente le informó al titular de la SHCP, Carlos Urzúa, que remplazaría el documento elaborado por uno de su propia creación, tirando a la basura un trabajo de más de ocho meses en foros ciudadanos y consulta con especialistas.

El entonces funcionario de la 4T se atrevió a comentarle al presidente que su escrito era más un manifiesto político, “y que como tal podría constituir un largo prefacio del otro. Pero no fue aceptada mi propuesta; un secretario de estado no es, después de todo, más que un secretario. Y así, al regresar a mi oficina del propio Palacio Nacional comencé a calcular las cajas que iba a requerir para desocuparla”, redactó en un artículo para El Universal.

Toda esta historia azarosa no acaba ahí. Apenas comienza, pues el gobierno de Andrés Manuel, conforme a la ley de planeación, tiene hasta seis meses para publicar, basadas en el PND, los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales emanados de él. El gran problema, como lo dice Urzúa, “es que el Plan que ya fue promulgado no detalla nada al respecto”.

Dos puntos

La respuesta para que las acciones de gobierno mejoren se centran en la implementación de un Presupuesto Basado en Resultados. Sólo exigiendo a nuestras autoridades que implementen mecanismos para medir el impacto de las acciones de gobierno, es como podremos establecer procesos de evaluación y mejorar de manera continua el trabajo de la autoridad. Que el caso de la 4T sea la excepción y no la regla de la administración pública.

César Barrera

César Barrera